Alan Gross:demanda. (#Cuba #Miami)

Inesperados sesgo tomó el caso Alan Gross. El contratista estadounidense y su esposa, Judy, establecieron una doble demanda judicial. La primera, de corte subrayadamente relevante, contra el gobierno de Estados Unidos y la otra, acusa a la Development Alternatives, Inc. (DAI), que lo empleó para ejecutar actividades prohibidas en Cuba, pero sin protegerle o hacer las advertencias pertinentes sobre los riesgos de su misión.

En el 2009, Gross se declaró implícitamente culpable en la vista del juicio oral que le realizara el Tribunal Provincial de La Habana en su último día de sesiones al admitir que fue utilizado por la DAI, empresa a su vez empleada por la USAID, ente subordinado al Departamento de Estado de los EEUU.

Según admitió Gross en ese proceso penal, la DAI le puso en peligro y le condujo a una situación ruinosa para su vida y la economía de su familia. Luego las que hizo en el juicio hace casi 3 años, son acusaciones similares a las que ahora formulan en la demanda contra el estado que le usó para «crear una plataforma tecnológica fuera del control de las autoridades cubanas», con equipos de alta tecnología, específicamente diseñados para crear redes clandestinas de infocomunicaciones e incitar disturbios de apariencia espontánea y popular, a través de diversos sectores sociales de la Isla. Los 27 expertos y otros testigos que con abundantes pruebas comparecieron en la corte cubana, así lo demostraron.

El informe pericial estableció que no eran simples celulares o inocentes computadoras los que trajo consigo Alan Gross, sino costosos aparatos, como el Bgan Inmarsat, tecnología de uso comercial, de alta velocidad, con capacidad para el envío de mensajes en clave y hasta de uso militar, pues a través de ellas pueden ser ofrecidas las coordenadas para ataques aéreos.

La segunda demanda de la familia Gross fue hecha por el abogado que les representa, Scott Gilbert, ante un tribunal de Maryland contra la empresa de seguros Federal Insurance Company, (FIC) a la cual la DAI contrató «para cubrir ciertos gastos» pero que, de acuerdo con lo formulado por los querellantes, no cumplieron con esa obligación.

La FIC «ha negado indebidamente los beneficios bajo la póliza, y ha actuado de mala fe durante toda esta dura prueba», dice el comunicado emitido por Alan y Judy Gross. El emplazamiento judicial a esa empresa exige que no continúen entregando dinero a la DAI, pues a manos de quien deberían recibir esa compensación, no llegó nada, aún cuando de los 5 millones de dólares comprometidos, la DAI sí ha usado casi la mitad.

Según explicó el letrado Gilbert a la prensa, tanto la USAID, como la Development Alternatives, «tenían información clasificada que no compartieron con él». Es decir, usaron a Gross para cometer un delito pero lo dejaron a expensas de los resultados de sus actos.

Esta doble demanda, con sus argumentaciones y reclamos financieros, pone en situación delicada a instituciones gubernamentales como la USAID y su contratada DAI y a la política de Washington hacia La Habana.