The New York Times: Nueva crisis de la migración cubana.

Wiliam M. LeoGrande/The New York Time

El callejón sin salida creado en las últimas semanas, en la cual han quedado atrapados cientos de emigrantes cubanos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, mientras intentaban llegar a los Estados Unidos, es muestra fehaciente de que la política migratoria de Washington hacia Cuba ya no es sostenible.

De no cambiarse, podría generar una crisis similar a la del puente marítimo del Mariel en 1980 o la crisis de los balseros en 1994 —si es que ya no ha comenzado a producirse.

La actual política, basada en los acuerdos migratorios negociados con La Habana en 1994 y 1995, compromete a los Estados Unidos a admitir por lo menos a 20 000 inmigrantes legales cubanos cada año, y devolver a los emigrantes cubanos que sean interceptados en el mar en su intento por entrar ilegalmente a los Estados Unidos.

Unilateralmente, los Estados Unidos también adoptaron la política de «pies secos/pies mojados» que le permite a los cubanos que lleguen a los Estados Unidos («pies secos») permanecer en el país bajo un estatus especial llamado «parole» y, un año después, ser elegibles, en virtud de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, para solicitar residencia permanente. Ninguna otra nacionalidad extranjera disfruta de este estatus privilegiado.

Desde hace tiempo, el Gobierno cubano ha expresado que estas políticas estimulan la emigración ilegal y la trata de personas.  Sin embargo, el problema de los cubanos que llegan a los Estados Unidos por vías ilegales había sido un problema relativamente menor hasta hace muy poco.

Durante los años transcurridos desde que se firmaron los acuerdos migratorios, alrededor de 4 000 cubanos han eludido anualmente al Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, han llegado a las playas de la Florida y han reclamado el estatus de «pies secos».  Unos 2 000 a 3 000 han sido interceptados en el mar («pies mojados») cada año y han sido devueltos a Cuba. Como el cruce por el Estrecho de la Florida en balsas destartaladas o botes en estado ruinoso es tan peligroso, y la probabilidad de ser apresados por el Guardacostas es tan alta, el flujo de emigrantes ilegales se había mantenido dentro de límites manejables.

Pero ya no. El número de emigrantes ha aumentado vertiginosamente desde el pasado mes de diciembre, cuando el Presidente Obama y su contraparte cubano, Raúl Castro, anunciaron su intención de normalizar relaciones. Los emigrantes potenciales temen que la reconciliación prefigure la derogación de la Ley de Ajuste Cubano, lo cual obliga a los emigrantes a actuar de inmediato, no sea que pierdan su oportunidad.

Teniendo en cuenta esta posibilidad, los cubanos han encontrado una ruta aire-tierra para llegar a los Estados Unidos, mediante la cual todos pueden ser «pies secos» y aspirar a ser admitidos en los Estados Unidos.  Durante los últimos 12 meses, más de 45 000 cubanos han entrado a los Estados Unidos desde México —sin haber enfrentado el riesgo de cruzar un desierto peligroso, como hacen los mexicanos y los centroamericanos.

La nueva ruta es posible porque en el año 2013 el Gobierno cubano abolió el requerimiento de que los ciudadanos obtuviesen el permiso del Gobierno para viajar al exterior.  Actualmente, la mayoría de los cubanos puede viajar a cualquier país que les conceda visa. Ecuador los admitió incluso sin visa hasta el pasado martes, y Guyana aún los admite.

Como resultado de ello, los emigrantes potenciales han estado volando hacia el Ecuador para dar inicio a una larga y subrepticia travesía hacia el Norte, sin visas, pasando por Colombia, América Central y México.  En la frontera de Texas, ellos simplemente declaran su nacionalidad y son admitidos en virtud de la política de «pies secos».

El alquiler de los «coyotes», nombre dado a los traficantes de inmigrantes, como guías de dicha travesía, es costoso, pero muchos cubanos tienen familiares en los Estados Unidos que están dispuestos a pagar.  Recientemente, varios cubanos, provistos de teléfonos celulares, han estado divulgando libremente sus propias rutas de contrabando siguiendo las recomendaciones publicadas en las redes sociales por aquellos que han hecho la travesía antes que ellos.

La actual crisis en América Central se desencadenó el 10 de noviembre, cuando las autoridades costarricenses desarticularon una operación de contrabando, dejando varados a 1 600 cubanos.  Cuando Costa Rica intentó enviarlos rumbo Norte, Nicaragua cerró las fronteras.  Dado que día tras día llegan cada vez más cubanos, la cifra de los que se encuentran varados allí ha ascendido a 4 000, sin que se vislumbre el fin de esta situación.

En una reunión celebrada recientemente entre diplomáticos de la región, Costa Rica propuso crear un «corredor humanitario» que les permitiera a los cubanos cruzar libremente hasta la frontera de los Estados Unidos. Nicaragua rechazó la propuesta, pero incluso la mera insinuación de dicho plan debe ser una señal de advertencia para Washington. Los latinoamericanos se están cansando de aplicar una política migratoria estadounidense hacia Cuba que no está surtiendo efecto y que discrimina a sus propios ciudadanos. La diferencia entre el trato privilegiado que le concede Washington a los emigrantes cubanos y su frialdad hacia los centroamericanos, incluidos los niños que huyen de la violencia criminal, es indefendible.

No obstante, el Gobierno de Obama ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene intención de cambiar la actual política migratoria por temor a que cualquier atisbo de cambio desencadene una estampida. Los diplomáticos estadounidenses reafirmaron esa posición en una reunión con sus contrapartes cubanos el pasado lunes. La reunión no produjo ninguna idea nueva acerca de cómo resolver la crisis.

Existe una solución a este acertijo. Si los emigrantes cubanos que tratan de llegar a los Estados Unidos por vía terrestre fuesen tratados de la misma manera que los que son interceptados en el mar y son devueltos a Cuba, el estímulo a enfrascarse en la larga y peligrosa travesía hacia el Norte se reduciría considerablemente.

Ello no requeriría que se enmiende la Ley de Ajuste Cubano, que establece el ajuste de estatus solo para los cubanos que han sido admitidos o han recibido un estatus de parole en los Estados Unidos. Solo sería necesario cambiar la política de «pies secos» en virtud de la cual se admite, bajo parole, a cualquier persona que pise el territorio de los Estados Unidos. Esa política es un asunto de discreción ejecutiva. Para evitar un éxodo de último minuto desde Cuba, dicha política pudiera ser rescindida por el Fiscal General sin previo aviso.

El fin de la diferenciación que significa la política de «pies secos/pies mojados» debe ir acompañada de un aumento significativo de la cifra de cubanos que son admitidos legalmente, para que aquellos que deseen emigrar hacia los Estados Unidos tengan más oportunidades de hacerlo de manera segura.

Sin embargo, no hacer nada equivaldría a enfrentar una crisis migratoria en cámara lenta que sería interminable.

Cuba no impondrá nuevamente restricciones de viaje a sus ciudadanos, y América Latina no cooperará indefinidamente bloqueando el tránsito de los cubanos cuando la política de Washington es permitirles la entrada a todos los cubanos que lleguen a su territorio —y dejar fuera a otros latinoamericanos.

Para Washington, el hecho de negarse a cambiar una política en el momento en que las nuevas circunstancias hacen que resulte absolutamente ineficaz, tiene tanto sentido como el intento del Rey Canuto de detener la marea.

Versión en Inglés

Washington — A standoff in recent weeks that has trapped hundreds of Cuban migrants at Costa Rica’s border with Nicaragua as they try to reach the United States is a graphic demonstration that Washington’s migration policy toward Cuba is no longer sustainable. Left unchanged it could produce a crisis on the scale of the 1980 Mariel boatlift or the 1994 balsero (rafters) crisis — if one hasn’t begun already.

Current policy, based on migration accords negotiated with Havana in 1994 and 1995, commits the United States to accepting at least 20,000 legal Cuban immigrants annually, and to returning to Cuba migrants intercepted at sea as they try to enter the United States illegally.

Unilaterally, the United States also adopted a “wet foot/dry foot” policy, which allows Cubans who arrive in the United States (“dry foot”) to remain in the country under a special status called parole and, a year later, become eligible under the Cuban Adjustment Act of 1966 to seek permanent residency. No other foreign nationality enjoys such privileged status.

The Cuban government has long argued that these policies encourage illegal migration and human trafficking. Still, the problem of Cubans coming to the United States illegally has been relatively minor until recently.

In the years since the migration agreements were signed, about 4,000 Cubans annually have eluded the United States Coast Guard, reached Florida beaches, and claimed “dry foot” status. Some 2,000 to 3,000 others have been intercepted at sea (“wet foot”) each year and returned to Cuba. Because crossing the Florida Strait on rickety rafts or dilapidated boats is so dangerous, and the chances of being caught by the Coast Guard are high, the flow of illegal migrants remained manageable.

It is manageable no longer. The number of migrants has surged since last December, when President Obama and his Cuban counterpart, Raúl Castro, announced their intention to normalize relations. Would-be immigrants fear that reconciliation foreshadows repeal of the Cuban Adjustment Act, prompting Cuban migrants to act now lest they miss their chance.

With that in mind, Cubans have found an air-land route to the United States on which everyone can be a “dry foot” who can expect entry. In the past 12 months, more than 45,000 Cubans entered the United States from Mexico — without having to risk crossing a perilous desert as Mexicans and Central Americans do.

The new route is possible because in 2013, the Cuban government abolished its requirement that citizens obtain government permission to travel abroad. Today, most Cubans can travel to any country that will grant them a visa. Ecuador even admitted them without one until last Tuesday, and Guyana still does.

As a result, would-be migrants have been flying to Ecuador to begin a long, surreptitious trek north, without visas, through Colombia, Central America and Mexico. At the Texas border, they simply declare their nationality and are admitted under the “dry foot” policy.

Hiring “coyotes,” as smugglers of migrants are called, to guide the trek is expensive, but many Cubans have family members in the United States willing to pay. Recently, Cubans armed with cellphones have been crowdsourcing their own smuggling routes by following advice on social media from those who have gone before them.

The current crisis in Central America was triggered on Nov. 10 when Costa Rican authorities broke up a smuggling operation, leaving 1,600 Cubans stranded. When Costa Rica tried to send them north, Nicaragua closed the border. As more Cubans arrive daily, the number stuck there has reached 4,000, with no end in sight.

At a recent meeting of diplomats from the region, Costa Rica proposed creating a “humanitarian corridor” that would allow Cubans free passage to the United States border. Nicaragua rejected the proposal, but even the suggestion of such a plan should be a red flag for Washington. Latin Americans are getting tired of enforcing a United States immigration policy toward Cubans that isn’t working and discriminates against their own citizens. The contrast between Washington’s privileged treatment of Cuban migrants and its coldness toward Central Americans, including children fleeing criminal violence, is indefensible.

Nevertheless, the Obama administration has repeatedly declared that it has no intention of changing current migration policy, for fear that any hint of change will touch off a stampede. United States diplomats reaffirmed that position at a meeting with their Cuban counterparts last Monday. The meeting produced no new thinking about how to resolve the crisis.

There is a solution to this conundrum. If Cuban migrants trying to enter the United States by land were treated the same as those intercepted at sea and returned to Cuba, the incentive to make the long, dangerous passage north would be drastically reduced.

This would not require amending the Cuban Adjustment Act, which allows for the adjustment of status only for Cubans who have been admitted or paroled into the United States. It would require only changing the “dry foot” policy of admitting on parole anyone who sets foot on United States territory. That policy is a matter of executive discretion. To avoid a last-minute exodus from Cuba, it could be rescinded by the attorney general without prior notice.

An end to the “wet foot/dry foot” distinction should be accompanied by a significant increase in the number of Cubans admitted legally, so that those who want to immigrate to the United States have more opportunities to do so safely.

But to do nothing is to face a slow-motion migration crisis that will be interminable. Cuba will not reimpose travel limits on its citizens, and Latin America will not cooperate indefinitely by blocking Cubans’ transit when Washington’s policy is to let in all Cubans who arrive — and keep other Latin Americans out.

For Washington to refuse to change a policy when new circumstances have rendered it utterly ineffective makes about as much sense as King Canute trying to hold back the tide.

 

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