Continúa la ingobernabilidad

Arsenio Rodríguez/Bohemia

Clausurados los Juegos Olímpicos, se destruía la democracia representativa en el país, pues todos los especialistas, a favor y en contra de la destitución de Dilma Roussef, anunciaban desde mediados de agosto y mucho antes, que el crimen sería consumado por una mayoría de senadores y permitiría al presidente interino, Michel Temer, mantenerse en el poder hasta las elecciones previstas para 2018.

Así concibió el plan la derecha y paso a paso se fue cumpliendo hasta el final, que para bien de los golpistas, los medios hicieron olvidar dándole espacio al evento deportivo mundial que acaparaba entonces la atención no solo de los locales, sino de todo el planeta.

Los conspiradores en el Senado no perdieron tiempo para concluir un proceso iniciado en abril en la Cámara de Diputados. Todas las sesiones que valoraron si continuaba el proceso contra Dilma no fueron televisadas por las grandes cadenas privadas y el público no pudo constatar el evidente apuro de los 59 congresistas que lo aprobaron y que prometían tramitar con urgencia los pasos que restaban, como señalara un especialista, bajo el argumento de que el país necesita terminar cuanto antes para volver a la normalidad. La incertidumbre y el miedo recorrían los pasillos del Senado previo a la toma final de la decisión que sacaría a la mandataría, de la presidencia del país.

Y si alguien duda de sus verdaderas intenciones, tomo prestada una declaración publicada por la prensa brasileña donde el pastor evangélico y senador, Magno Malta, quien forma parte del grupo golpista, afirmaba: “Ya no se aguanta más esta cantinela… está escrito en los salmos que se terminó esta historia de la Presidenta, ya está fuera”, sermoneó el religioso y concluyó con la siguiente afirmación: “Mi voto ya fue decidido hace mucho y no me lo van a cambiar con nada”. Situaciones como esta han provocado que el abogado defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, comparara su proceso con el efectuado en 1927 contra Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en EE.UU., que finalmente llevó a los enjuiciados a la silla eléctrica.

Pero el apuro para condenarla se sostiene en otras razones más materiales y es que más de 35 de los 81 senadores que votan están marcados por corrupción, incluyendo al mismísimo Temer. De confirmarse este hecho, los transformaría de acusadores en acusados, en opinión del senador Roberto Requiao.

Mientras esto acontecía, periodistas del mundo entero eran testigos de los bastonazos y gases lacrimógenos que la policía militarizada utilizó contra los manifestantes en Río y Sao Paulo, hechos denunciados ante la prensa por Dilma, quien fue categórica al afirmar que “reprimir las manifestaciones son golpes a la democracia”. Estas declaraciones no fueron publicadas por la mayoría de las emisoras privadas de radio y televisión del país.

En carta abierta al pueblo brasileño, Dilma reiteró a mediados de agosto ser inocente y prometió, de no ser destituida, convocar a un plebiscito para consultar a la población sobre anticipar o no las elecciones y adelantó que “si se consume el impeachment sin crimen de responsabilidad, tendríamos un golpe de Estado. El colegio electoral de 110 millones de electores sería sustituido por 81 senadores”.

El escenario brasileño de mediados de año crea una situación nueva y con la destitución de la legítima Presidenta, sin ningún sustento jurídico, la ingobernabilidad ya presente se mantendrá hasta el mismo momento de las elecciones, sean programadas o adelantadas, lo que una vez más afectará en todos los aspectos al gigante sudamericano, donde se aprecia, además, una atmósfera cada vez más represiva con peligros de convertirse en cotidiana, recordando los tiempos de las dictaduras militares y a todo aquel que exija sus derechos los riesgos que tienen si osan desafiar al Estado.