Enjambre de muerte

Cubahora/Lídice Valenzuela

Guantánamo es un pequeño municipio de la provincia homónima del sur oriental de Cuba, situada a solo 80 kilómetros de Haití, su punto más cercano a través del Paso de los Vientos. Tierra de músicos y cultores del sabroso ritmo changüí, de pescadores y agricultores, cuenta con unos 217 000 habitantes que podrían vivir en absoluta felicidad, lastrada, empero, por la presencia militar estadounidense desde hace más de un siglo.

Es allí, en esa tierra donde se mezcla el mestizaje de culturas insulares del Caribe, donde Estados Unidos situó de manera ilegitima un enclave en 1903, el cual constituye hasta hoy una amenaza permanente para la ínsula, que desde entonces reclama su usurpado territorio.

El pueblo cubano es uno de los pocos en el mundo que rechaza la imposición de los marines norteamericanos, y reclama a Washington y en foros internacionales la salida inmediata de su suelo. Solo una cerca perimetral separa a los marines y sus fusiles de los pobladores de Guantánamo, considerado la primera trinchera antimperialista de Cuba.

Esa base naval, donde han asesinado a obreros guantanameros y soldados cubanos, ganó notoriedad internacional cuando devino Centro Penitenciario de máxima seguridad. Hasta esa caliente tierra Estados Unidos trasladó —y algunos aún permanecen allí sin enjuiciamiento— a prisioneros supuestamente vinculados a organizaciones terroristas en países sometidos a la guerra, como Iraq y Afganistán, luego de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001.

Millones de personas observaron los videos divulgados por la soldadesca sobre las continuas violaciones de los derechos de los prisioneros, y las torturas, humillaciones, y desprecio por razones de nacionalidad y religiones en la base que ocupa un área de 117,6 kilómetros cuadrados del territorio nacional de Cuba y que fuera impuesta contra la voluntad popular mediante una modificación de la Constitución Nacional conocida como Enmienda Platt.

La devolución de esa área guantanamera a sus legítimos dueños sigue siendo un reclamo de La Habana para lograr la normalización plena de las relaciones con Estados Unidos, restablecidas luego de 50 años de ruptura en diciembre de 2014. El entonces presidente Barack Obama incumplió su palabra de cerrar ese centro de odio, y nada indica que Donald Trump lo haga.

La instalación integra el enjambre de estaciones navales norteamericanas en América Latina y El Caribe, cuyo número real es desconocido, pero que trascendidos ubican en 82, aunque pueden ser muchísimas más.

En ese emblemático escenario de reclamos contra la injerencia militar de Estados Unidos en el mundo se celebrará hasta mañana día 6 el V Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, de carácter bienal, y en el que participan alrededor de 200 delegados de 25 países, entre ellos investigadores y activistas por la paz.

La cita se celebra en momentos de peligro para la paz mundial debido al papel de gendarme que se arrogó el imperialismo norteamericano y que en la actualidad muestra rasgos de alta peligrosidad en varios focos de confrontación —o en otros donde pretende instalarlos— con alto riesgo para la sobrevivencia humana.

Voceros del Pentágono afirman que tiene bajo su mando 857 bases militares en 42 países del mundo, otras 4 154 en su territorio y 114 en siete espacios de ultramar de su propiedad.

Según la publicación Semanario Latinoamericano, Francia posee bases militares en 11 países, Reino Unido, en igual número (los dos forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN), Rusia, en nueve y China en uno. Las cifras demuestran que, por su superioridad y agresividad, el gran guerrerista es Estados Unidos.

Para el historiador norteamericano Chalmers Johnson “la versión norteamericana de la colonia es la base militar”; Estados Unidos, añadió en un artículo, tiene un “imperio de bases militares” que salen muy caras al contribuyente norteño.

De acuerdo con Miriam Pemberton, del Instituto para Estudios de la Policía, excluyendo sus bases en Afganistán e Iraq, el gobierno estadounidense “gasta alrededor de 102 000 millones de dólares al año en la gestión de sus bases en el exterior”.

Para no incurrir en mayores gastos en ese ítem, desde hace unos años los estrategas norteamericanos diseñaron un tipo de base ligera, mucho más barata que los grandes emporios militares, ya cayendo en desuso. Cada una de ellas posee un mínimo de 10 bien entrenados hombres con equipamientos modernos y rápidos equipos de movilización.

Esa concepción les permite a sus soldados trasladarse de un país a otro a través de las fronteras cercanas. Un ejemplo de ello lo constituyó el movimiento realizado desde una de esas instalaciones afincadas en Colombia hasta la zona fronteriza con Ecuador, donde asesinaron al canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) Raúl Reyes, en marzo del 2008. La operación conjunta con el ejército colombiano fue ordenada por el entonces ministro de Defensa, y ahora presidente Juan Manuel Santos.

AMÉRICA LATINA, UNA ZONA DE PAZ EN PELIGRO

Hace tres años, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) proclamó el principio de convertir a esas dos regiones multiculturales en una zona permanente de paz y evitar mediante el diálogo el estallido de un conflicto entre sus 34 países miembros, una situación que podría ser aprovechada por el clan de la Casa Blanca para una intervención injerencista. Según el politólogo argentino Atilio Borón, “Estados Unidos tiene al menos 80 bases militares en países latinoamericanos” y apuntó que “Perú posee la mayor cantidad, por encima de naciones como Colombia, con siete, y Chile, que alberga una”.

Borón aseguró que “esas instalaciones se establecieron sin consulta a los pueblos ni discusión alguna, solo por decisión de los gobiernos afines a Washington y son un instrumento de la consolidación del poder del país del norte”.

En los últimos meses, el gobierno conservador de Mauricio Macri autorizó la puesta en marcha de otras dos estructuras, a solicitud de la Casa Blanca.

El periodista del diario Público, Walter Goobar, afirmó que entre los nuevos planes belicistas de Washington aparece la militarización de la Tierra del Fuego, y de la frontera común de Argentina, Brasil y Paraguay, tres naciones dirigidas por mandatarios conservadores.

Goobar precisó que la razón de estos nuevos “centros de apoyo para movimientos militares”, como los llama el Pentágono, es el control de los recursos vitales para el futuro: el petróleo y el agua potable.

Aunque también existen las llamadas encubiertas, que impiden identificar el número de uniformados norteamericanos en América Latina y El Caribe, hay reconocidas al menos 12 en Panamá, ocho en Colombia, cuatro en Perú, México con más de tres, Costa Rica, Guadalupe, Martinica, Paraguay, todos con dos; Aruba, Belice, Curazao, Cuba, Chile, El Salvador y República Dominicana, con una en cada país.

En Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos, pero sin los derechos de sus ciudadanos, el Pentágono domina de manera absoluta todas las instalaciones militares de la pequeña isla caribeña, situada en un estratégico punto del Caribe.

Amenazante, desde el 2008 la reactivada IV Flota Naval estadounidense merodea por aguas próximas a naciones centro y suramericanas, en disposición combativa.

Estos momentos entrañan graves peligros para Venezuela, una de las más importantes naciones suramericanas, poseedora de las mayores reservas de petróleo y quinto exportador de ese producto a nivel mundial.

Los sectores más reaccionarios estadounidenses dirigen un plan de derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, junto a la oposición interna y la Organización de Estados Americanos, el cual incluye como punto culminante la intervención armada en ese soberano país.

Pocos dudan de que, si en un momento de loca arrogancia Trump ordenara un ataque contra la tierra de Hugo Chávez, el pueblo revolucionario de Venezuela y sus Fuerzas Armadas Bolivarianas responderían con su poder de fuego, en una confrontación que trata de evitar Maduro con su reciente llamado a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

América Latina posee vocación de paz, y así lo demuestra el sorteo inteligente de los peligros militaristas provocados por el imperialismo estadounidense.

El presidente Rafael Correa, en un gesto de dignidad y valentía, liberó a su país de la presencia militar norteamericana al cerrarle el contrato de la base de Manta y con ello dio el ejemplo de que depende de los gobiernos progresistas la protección de la soberanía y la independencia nacionales.

En Guantánamo, una vez más, se escucharán las voces de quienes desean el fortalecimiento de la paz mundial, en otro intento de desacreditar las campañas bélicas de la Casa Blanca, principal promotora de las guerras para apoderarse de los bienes del mundo.

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