Comienzan a salir a la luz los vínculos entre la empresa responsable de la obra y miembros del lobby anticubano, en especial el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart.
Por Sergio Alejandro Gómez
Mientras Miami continúa en estado de shock por la muerte de seis personas el pasado jueves a causa del colapso de un puente peatonal sobre la calle 8, comienzan a salir a la luz los vínculos entre la empresa responsable de la obra y miembros del lobby anticubano, en especial el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart.
El puente de 950 toneladas, que debía mejorar la comunicación peatonal de la Universidad Internacional de la Florida, fue construido por el consorcio de la familia Munilla a un costo superior de 14,2 millones de dólares.
La empresa Munilla Construction Management (MCM), que cuenta con importantes vínculos políticos en la ciudad, está sometida ahora a un creciente escrutinio público para tratar de entender las causas del derrumbe a menos de una semana de su terminación, así como el porqué de las fallas de un diseño con tecnología de punta.
Investigaciones iniciales indican que fueron reportadas grietas y crujidos al menos dos días antes del siniestro, lo que aumenta las dudas sobre la actuación de la constructora y las autoridades locales.
Sin embargo, otro aspecto de las pesquisas está generando aún más titulares: los vínculos de los Munilla con la clase política miamense y los cientos de miles de dólares que han empleado en ganarse sus favores para los contratos públicos.
Uno de los más favorecidos por la billetera del consorcio es el representante Mario Diaz-Balart, con al menos 64 mil dólares, de acuerdo con una investigación de la reviste Miami New Times. El senador Marco Rubio, el representante Carlos Curbelo e incluso el alcalde de la ciudad, Carlos Álvarez, también forman parte de su cartera de patrocinios políticos.
De una u otra manera, todos ellos han tratado de desmarcarse de sus antiguas relaciones y mostrarse «consternados» ante los hechos. Sin embargo, los ciudadanos y alguna prensa local han hecho un ejercicio de memoria.
La revista New Times recordó la licitación del puente de FIU y señaló que no fue sorpresa para nadie que MCM se hiciera con el contrato. 3
«No son solo uno de los mayores contratistas en el sur de la Florida, sino también uno de los mejores conectados políticamente, gracias a años de entregar cientos de miles de dólares a campañas», apuntaron.
La compañía es dirigida por cinco hermanos —Fernando, Jorge, Juan, Pedro y Raúl Munilla— quienes colectivamente han entregado bastante más de 500 000 a candidatos federales y más de 50 000 a candidatos del Estado, según los registros oficiales.
MCM ha ganado otros lucrativos contratos militares, entre ellos uno por valor de decenas de millones de dólares en la Base Naval instalada en territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo.
Díaz-Balart declaró al Nuevo Herald, tras el fatal accidente, que los hermanos Munilla «están muy involucrados en la causa de una Cuba libre, un asunto muy importante para mí».
Pedro Munilla representó a la familia en junio pasado en una reunión entre el vicepresidente Mike Pence y líderes de la comunidad cubanoamericana, celebrada antes del discurso del presidente Donald Trump en Miami, donde anunció nuevas medidas para frenar los viajes a Cuba así como el fortalecimiento de la aplicación del bloqueo.
No es de extrañar entonces que Rubio, opuesto a cualquier acercamiento con Cuba, haya tratado de encubrir a sus patrocinadores anticubanos.
«Esos muchachos fueron sacudidos allí», dijo el senador luego de un encuentro con los Munillas en el lugar del siniestro. Luego, cuando los periodistas le preguntaron si había tratado de presionarlos para encontrar respuestas al desastre, respondió: «No hubo oportunidad de entrar en eso».
Rubio y Diaz-Balart recibieron duras críticas también por su respuesta al tiroteo en la escuela Stoneman Douglas de la Florida, que dejó 17 fallecidos. Ambos legisladores se han alineado con las posturas de la Asociación Nacional del Rifle, de la cual reciben millones de dólares, en lugar de apoyar las leyes para el control de armas que exigen sus electores.
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