Chile: la derecha en movimiento con la desestabilización y el intervencionismo en Venezuela

Por Darío Salinas Figueredo/ América Latina en Movimiento

En coherencia con la posición del gobierno norteamericano, mentir sobre Venezuela y agredirla se ha convertido en la conducta más recurrente de la derecha latinoamericana. En ese itinerario, la clase política chilena, en aplicación estricta de su política de clase, a la par de sus congéneres del hemisferio, está jugando un papel activo en el inventado “Grupo de Lima” y la desprestigiada OEA hacia una reactivación más agresiva de sus representantes en contra el proceso democrático y las elecciones en Venezuela. La voz oficial del gobierno chileno a través de su cancillería ya ha expresado su negativa anticipada a reconocer las elecciones del 20 de mayo que el gobierno soberanamente ha decido convocar y realizar. Estamos ante una nueva vuelta de tuerca en la espiral intervencionista que constituye una declaratoria de guerra que viene del Norte por medio de una sentencia. El mundo pudo leer el contenido de la reciente intervención en la OEA del vicepresidente de los Estados Unidos: “No habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo”.

“Eso es una farsa, pretender un proceso electoral en donde la inmensa mayoría de los líderes no pueden participar, en donde han inventado que si los partidos político no hacen tal o cual cosa no valen, es una farsa”. Este mensaje corresponde al sentir político de Ricardo Lagos, a consulta expresa de La Tercera, periódico de conocida experiencia en la tarea de formatear las percepciones sociales bajo la matriz comunicacional de El Mercurio. Es la visión de quien ha recibido un voto de confianza del golpista Henrique Capriles Radonski, como un hipotético y deseable futuro mediador entre el gobierno y la oposición. También ha señalado el ex presidente de Chile, en la misma entrevista de la cita de marras, que la vuelta de gobiernos conservadores en América Latina son los “ciclos normales en una democracia”. Si así piensa la derecha, expresando sin recato alguno su modo de entender la actual realidad regional y las impresentables involuciones neoliberales, tendríamos que estar preparados para esperar lo peor en términos de sus posibles acciones contra Venezuela.

Nuestro pesimismo no es antojadizo. Una docena de gobiernos latinoamericanos, bajo la batuta de Estados Unidos, desde el llamado “Grupo de Lima”, viene orquestando una injustificable atmósfera diplomática que ampara el desarrollo de mayores agresiones contra la democracia Venezolana. Su más reciente reunión se realizó en México el 14 de mayo, culminando con un pronunciamiento en el que amenaza con tomar acciones en el “ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario”, si no atienden su “último llamado al gobierno venezolano a suspender las elecciones”, a las que de antemano califica de ilegitimas y carentes de credibilidad, con lo cual, queda claro, que sus resultados antes de que se realicen ya están invalidando la soberanía de otro país. Que México haya sido el anfitrión de esa inamistosa declaración, contra una República hermana, resulta deplorable, porque nada tiene que ver con la tradición de su política exterior. Pero también es la vez lamentable, pensando en la cadena de dolorosos problemas, incertidumbres múltiples y diagnósticos preocupantes, sin desconocer los farragosos términos de la relación que le ofrece su poderoso vecino Norte sobre de cuya prepotencia a un año y medio de su mandato ya nadie tiene la menor duda.

En medio de un cerco desestabilizador, golpista e intervencionista, sustrato verdadero de la llamada “razón humanitaria”, se realizarán las elecciones programadas en Venezuela. Se cierne amenazadoramente la acusación de que el régimen que convoca es una “dictadura”, conceptualización orquestada por Washington, coreada por una franja de gobiernos aliados e incondicionales sus designios, amplificada por maquinaria mediática de derecha que tritura conciencias y sus inefables intelectuales orgánicos un premio nobel incluido. Visto todo tenso paisaje desde Chile, hay que imaginarse por un instante si la dictadura de Pinochet hubiera tenido la valentía de llamar a elecciones con candidatos de todo el espectro político, con padrón electoral verificable y observadores internacionales acreditados. Esta simple evocación imaginaria dista mucho de ser un referente consustancial al pensamiento democrático de la clase política del país andino. Después de cuatro décadas alguien podría decir que el gobierno de Nicolás Maduro no es exactamente idéntico al gobierno de Salvador Allende, pero sus enemigos internos y externos son los mismos y la trama de intereses transnacionales es la misma en cuanto su voracidad sobre nuestros recursos y dispuestos a las peores atrocidades en el logro de sus objetivos.

Casi sobra decir que esa derecha junto a los renovados demócratas y el concurso activo de los traidores, carecen de toda autoridad moral para referirse a la grave crisis que afecta a Venezuela. No está de más recordar que fue el gobierno de Chile bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, el mismo que hoy sin el menor escrúpulo califica de “farsa” a las elecciones venezolanas o de “dictadura” a su régimen político, ha inscrito en su historial de vida la deshonrosa decisión de haber apoyado el golpe de Estado de 2002 encabezado por Pedro Carmona contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez a través de su Soledad Alvear.

Venezuela tiene el registro de un sistema electoral plenamente confiable, reconocido internacionalmente, y la experiencia de haber desarrollado exitosamente en las últimas dos décadas el mayor número de elecciones con los más altos índices de participación y la menor tasa de abstencionismo en la región. El drama político del antichavismo y de los propósitos estadounidenses es que no han podido articular internamente una plataforma unitaria de oposición. En tales circunstancias, han ensayado casi todas las fórmulas políticas, abiertas y encubiertas, legales e ilegales, y la combinación de todas las formas de lucha sin descuidar los métodos terroristas y el uso de la crueldad, con pírricos resultados, salvo el inmenso daño ocasionado al país a través de la guerra económica que sigue su curso, cada vez de mayor cobertura y los dolorosos efectos en la población. Cuando todo indicaba que en República Dominicana se podía llegaba a un acuerdo con la oposición sobre el tema electoral, se produjo un brusco giro en la posición de la opositora Mesa de Unidad Democrática, conviene recordar, ante un subrepticio mensaje que alertaba sobre el riesgo de perder si se presentaba a las elecciones.

En medio de una farragosa conducta opositora después de las negociaciones de Santo Domingo, sus dirigentes alcanzaron a formular la necesidad de buscar otra fecha que ampliara el margen de la convocatoria. La respuesta gubernamental no pudo ser más generosa, toda vez que sin dilación llegó a fijar una nueva fecha. Sin embargo, dado que no han logrado, nuevamente, presentar una plataforma unitaria, salvo el inicio inmediato de un proceso de impugnación sobre la legitimidad de la nueva convocatoria gubernamental, con la salvedad de unos cuantos grupos opositores, entre ellos un segmento encabezado por Henry Falcón, ex chavista, que ha logrado concitar una cuota potencial de adhesión electoral convirtiéndose en una de las propuestas de mayor relieve relativo. Empero, no es esta precisamente la franja opositora que concita la mayor “simpatía” y apoyo desde el punto de vista de los grandes intereses que se erigen en los” jueces” internacionales del conflicto en Venezuela. ¿Por qué?, Porque no son estos los opositores que se han propuesto abiertamente el derrocamiento del gobierno de Maduro que constituye el objetivo estratégico. Con estos agudos antecedentes, en la densidad de un cuadro regional adverso, toda la fortaleza acumulada durante estos años de revolución bolivariana, el pueblo de Venezuela, sus organizaciones sociales y políticas, el poder popular y la unidad cívico-militar están llamados a una contienda decisiva para defender en las urnas la democracia, sus conquistas fundamentales, la legitimidad de sus instituciones y el derecho a la paz con el concurso de la solidaridad activa de los demócratas del mundo.

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