Una respuesta firme ante una ley infame (II Parte)

 

Por Dunia Torres González

El 24 de diciembre de 1996, dejó clara su postura ante la imposición, por parte del Gobierno de Estados Unidos de una ley infame, la Helms-Burton. En el VII Periodo Ordinario de Sesiones de la Cuarta Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedó aprobada la Ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía cubanas.

La Ley Helms-Burton se estableció por un acuerdo entre los representantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En ella se habla de “la reclamación de «propiedades», por batistianos, los malversadores, los explotadores de origen cubano que devinieron después ciudadanos de Estados Unidos”, según las palabras de Ricardo Alarcón de Quesada, en aquella fecha presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba.

Ese diciembre de 1996, en el seno de la Asamblea se analizó un informe de Estados Unidos que anualmente se presentaba al Congreso por la Comisión Federal de Reclamaciones (1990, 1991… 1995), órgano de ese país que se encarga de las demandas de propiedades de norteamericanos en otros países. Se anunciaba, además, que la comisión atendería las reclamaciones de propiedades norteamericanas nacionalizadas en Cuba al principio de la Revolución, las ya formuladas y las que habrían de sumarse. Por lo tanto, se demostraba que la Ley Helms-Burton (firmada por el presidente Clinton en marzo de 1996) no era una nueva política lanzada contra Cuba, sino un disfraz diferente para este proceso absurdo.