¿Píldoras para hacer mejor a las personas?

Escrito por  ANSA

Alabama es el séptimo estado en permitir o solicitar la castración química de «delincuentes sexuales», uniéndose así a California, Florida, Louisiana, Montana, Iowa y Wisconsin. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó la ley que obliga a los condenados por delitos sexuales contra menores de 13 años a comenzar la castración química un mes antes de su excarcelación, a su propio costo.

La medida prevé que los interesados sigan el tratamiento hasta que una corte evalúe que ya no es necesario. «La ley es un paso hacia la protección de los niños en Alabama», comentó Ivey. La ley había sido aprobada en el Parlamento local el pasado 31 de mayo, lo que confirmó al estado del sur como pionero en el país de las medidas más conservadoras de cara al voto de 2020. Sólo hace un mes, Ivey promulgó también una nueva ley sobre el aborto, la más restrictiva de Estados Unidos, que prohíbe la interrupción del embarazo incluso en caso de violación o incesto. La última disposición fue patrocinada por el diputado republicano, Steve Hurst, quien en 2011 propuso la solución irreversible a la castración quirúrgica.

En Estados Unidos, más de 57.000 niños fueron abusados sexualmente y en el 93% de los casos conocen a su atormentador. La ley de Alabama, que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de septiembre, obliga a los condenados por delitos sexuales contra niños menores de 13 años a someterse a la castración química al menos un mes antes de su liberación. La mayoría tendrá que pagar por su propio tratamiento, que continuará hasta que un juez evalúe que ya no es necesario. Y siempre será un juez, no un médico, el que deberá informar a las personas preocupadas por los efectos de la terapia, que es reversible.

Se trata de inyecciones que bloquean la producción de testosterona. Pero el método es polémico. En el nivel médico, porque los efectos cesan cuando se suspenden las drogas, lo cual no evita nuevos ataques.
En cuanto al plano del derecho, porque violaría los derechos constitucionales que protegen la privacidad y prohíben los «castigos crueles e inusuales», como objetan ONG como American Civil Liberties of Alabama. Alabama es el séptimo estado en permitir o solicitar la castración química de «delincuentes sexuales», uniéndose así a California, Florida, Louisiana, Montana, Iowa y Wisconsin. Pero en la mayoría de estos estados, el tratamiento nunca se ha implementado o sólo es opcional para aquellos que desean obtener o acelerar la liberación condicional.