En abril de 2019 el Gobierno de Estados Unidos puso en práctica la vigilancia y persecución de buques cargueros de petróleo y las sanciones a las compañías navieras, empresas de seguros y gobiernos, para impedir el suministro de petróleo a Cuba. Al cabo de cinco meses las medidas impuestas por la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) habían sancionado a dos compañías, la Ballito Shipping Incorporated con sede en Liberia y la ProPer in Management Incorporated en Grecia, más 34 buques de la compañía venezolana PDVSA. En diciembre dieron un paso más en su agresividad contra Venezuela y Cuba, al adicionar otros seis buques a su listado de entidades sancionadas por transportar el hidrocarburo. En esta ocasión las embarcaciones afectadas fueron Ícaro, de bandera panameña, y Luisa Cáceres de Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare, de bandera venezolana. Lee el resto de esta entrada