Publicado por editormiradas

Por Haroldo Miguel Luis Castro/Claudia Yilén Paz
Con la finalidad de ahogar el proceso revolucionario que se desarrolló en Cuba a partir de 1959, el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, impuso al país el bloqueo económico, comercial y financiero. El 23 de octubre de 1963 el mandatario George H.W Bush firmó la “Ley para la Democracia Cubana” o “Ley Torricelli”, la cual recrudeció aún más las genocidas medidas ejecutadas en nombre del bloqueo. Dicha legislación prohibió los negocios con la Mayor de las Antillas a las subsidiarias de empresas estadounidenses y negó la entrada a la nación norteña de aquellas embarcaciones que habían tocado puerto cubano.
Pese al fuerte impacto de tales disposiciones, el país continuó con síntomas de recuperación económica, algo que no gustó para nada ni a la extrema derecha cubano-americana de Miami, ni a los sectores políticos norteamericanos más conservadores, por lo que aumentaron sus presiones para desarrollar acciones “más efectivas”. De ese interés surgió el proyecto de Ley «Helms-Burton», que es la unión de varias legislaciones propuestas al Congreso entre 1994 y 1995, fundamentalmente por los representantes cubano-americanos Ileana Ros, Lincoln Díaz-Balart y Robert Menéndez.
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